El poder legislativo reside en el Congreso y tiene competencia para realizar tres
funciones constitucionales: legislar, controlar y representar. Su origen se remonta a la
baja Edad Media, cuando el parlamentarismo inglés institucionalizó la opinión pública
del pueblo; a partir de entonces, el rey ya no podría establecer un impuesto sin
convocar a la representación parlamentaria –non taxation without representation-. En
ese sentido, con el establecimiento de los regímenes democráticos, los Parlamentos,
durante el siglo XIX, se caracterizaron por ser los entes legisladores por excelencia del
Estado de Derecho, en tanto eran sede de la soberanía popular. Sin embargo, durante
el siglo XX el Poder Ejecutivo ha empezado a compartir la responsabilidad de ser
también una fuente productora del Derecho. Motivo por el cual, la tarea del control y
fiscalización política ha adquirido un rol protagónico en el quehacer parlamentario.
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